La falta de crédito

No sé si tiene algún mérito corear reflexiones ya escritas hace casi doscientos años. Sinceramente creo que no; yo lo hago sin ánimo de lucro y sólo por satisfacción personal. Además, en nuestros días la maquinaria de Internet lo pone todo al alcance de cualquiera; basta simplemente interesarse por el tema.

En este caso el autor aludido es el mordaz economista francés Frédéric Bastiat, uno de los más entusiastas pregoneros del liberalismo. Por eso, si ocasionalmente a usted le interesa leer sobre este tema, le aconsejo que vaya directamente a la fuente de la sabiduría Bastiat, pues salvo desmerecer el original, poco puedo hacer yo.

El trasunto de hoy gira sobre la feroz propaganda mediática en apoyo a la concesión de más crédito a las familias y pequeñas empresas españolas. Al parecer el dinero no llega, y sin crédito, también al parecer, no hay riqueza.

Profundicemos un poco. Cuando alguien desea adquirir un bien o beneficiarse de un servicio, es necesario que exista alguien que esté dispuesto a vender ese bien o a prestar ese servicio. Si, además, la primera parte contratante carece del dinero suficiente para adquirirlos, el dinero a préstamo aparece en escena para facilitar un acuerdo entre las partes.

Antes de seguir volvamos al principio. Estaremos de acuerdo en que no podrán adquirirse más bienes o más servicios que los que existan en cada momento en la economía, con independencia del volumen de crédito que ponga a su disposición el sistema financiero.

Es decir, los banqueros se encargan de facilitar el encuentro y el entendimiento entre los demandantes de crédito y sus oferentes, pero lo que no hacen ni pueden hacer es ampliar el número de bienes susceptibles de ser prestados o tomados en préstamo. Por tanto, el asunto del crédito como fuente de riqueza queda ya desmontado.

Distinta cuestión es la que gira en torno a la reputación o a las garantías que ofrecen a las instituciones financieras determinados demandantes de crédito. La materia que planteo es la siguiente: ¿han de ser las propias entidades financieras las que asuman el riesgo o debería ser el Estado el que garantizara a los prestatarios que no inspiran confianza al sector privado?

La libertad individual responde negativamente a la primera alternativa, y antes que se colapsen en apoyo nacional del débil les prevengo de la segunda alternativa con ayuda de las reflexiones de Bastiat.

Con el aval del Estado lo único que se conseguiría es desplazar el crédito de unos demandantes a otros, pero no aumentarlo, ya que, en un país y tiempo dados, sólo hay una cierta suma de capitales disponibles y todos se utilizan.

Y si es el Estado quien debe garantizar a los insolventes -asumido de antemano el perjuicio colectivo de los contribuyentes-, cierto es que se aumentará el número de los tomadores de crédito, pero lo que no se conseguirá es aumentar ni el número de los que prestan y ni el total de lo prestado.