Nueva Rumasa. Viejos recuerdos

Me huele a aire turbio del pasado, a juegos de artificio con denominación de origen. De origen, sí, pero de dudosa naturaleza. O mejor dicho, de procedencia conocida pero olvidada por muchos.

Voy a recordar, a modo de introducción tendenciosa, que la antigua Rumasa fue expropiada por el Gobierno de González en 1983; el 23F para más morbo. Entonces 700 empresas formaban el grupo de la abeja, con una plantilla que alcanzaba las 65.000 personas y una facturación consolidada de más de 350.000 millones de las antiguas. Casi nada.

A estas alturas cada uno tendrá su opinión deformada sobre aquella situación y, seguramente, en el juicio personal y paralelo que cada uno hayamos hecho, el señor Ruiz Mateos ya estará absuelto o condenado a perpetuidad. Supongo que limbos y medias tintas queden pocas. No somos muy dados a los matices.

Las hemerotecas y el sumario del caso Rumasa hablan de la comisión de graves delitos -obstrucción a la actividad supervisora del Banco de España, ausencia de auditorías externas, fraude frente a la Hacienda Pública y la Seguridad Social-, así como una arriesgada espiral de adquisiciones e inversiones del grupo que llevó al entonces Ministro, Miguel Boyer, a utilizar la expropiación, en lugar de otras disposiciones de menor alcance -como la intervención a los bancos propiedad del grupo-, como ‘medida de política económica nacional’.

La lucha posterior mantenida en las diversas salas de nuestro ordenamiento jurídico acabó en 1991 con el pronunciamiento del Tribunal Constitucional a favor de la expropiación. Por el contrario, la Audiencia Nacional absolvió a Ruiz Mateos en 1997 de los delitos de estafa y falsedad, a pesar de considerar probadas diversas falsedades e impagos a la Hacienda Pública y la Seguridad Social, aunque por los cambios normativos del código penal no se encontró culpable a los acusados (son éstas las madejas legales tan difíciles de entender por los legos). Las teorías conspirativas que salpimentaron este caso me quedan demasiado lejanas en el tiempo y el espacio.

Y ahora vemos revolotear de nuevo a la abeja de la 'Nueva Rumasa'. Derecho tiene todo el del mundo. Coraje y espíritu emprendedor tampoco le faltan a la familia Ruiz Mateos. Y capacidad, flexibilidad, y resistencia empresarial, les sobra. Pero, pero y pero. ¿Por qué?

Pues porque la Nueva Rumasa anda colocando una emisión de pagarés entre el público a bombo y platillo, y promete un tipo de interés descabellado. Los anuncios en la prensa copan páginas completas, y me gustaría hacer alguna reflexión sobre esta oportunidad de inversión.

La inversión mínima en estos pagarés es de 50.000 euros -demasiado bocado para un pequeño ahorrador-. La rentabilidad prometida es del 8%, cuando los tipos de interés en la zona euro rondan el 1%. Y yo necesito altas dosis de ficción para creérmelo. Son duros a pesetas. Y ni siquiera tenemos las cuentas del Grupo para intentar analizar su solvencia (como no cotiza en bolsa, no está obligada a publicar sus resultados). Nadie paga un 8% para financiarse si pudiera hacerlo a un coste menor. Acuérdense de Forum, de Afinsa, de Madoff, … o si no quieren acordarse, váyanse a matar adrenalina al Casino de Torrelodones.

La CNMV ya ha advertido varias veces, hasta tres, que la única garantía de la devolución de su dinero, más la dádiva prometida, es el patrimonio de la entidad emisora de los pagarés; es decir, Nueva Rumasa no responde con el patrimonio del Grupo en su conjunto, sino únicamente con el de la sociedad anónima emisora. De hecho, ni siquiera no sé qué brandy de Jerez en el que se apoya la publicidad garantiza legalmente nada, pues no existe prenda constituida en ningún registro de Bienes Muebles a favor de los inversores. Y sin prenda no hay garantía.

Para más crónica negra del despropósito, el anuncio de los pagarés incluye expresamente el respaldo valorativo del profesor del IESE, Pablo Fernández, quien tras leerlo en la prensa ha salido horrorizado a los medios negando tal circunstancia. Parece que se ha utilizado un trabajo de valoración realizado con otra finalidad para intentar respaldar en la prensa la emisión. Y díganme ustedes a mi, ¿quién le va a pedir a este señor, por muy profesor que sea, que les devuelva su dinero si la Nueva Rumasa acaba como la Vieja?

Sólo espero que, si alguien invierte en estos pagarés al calor de un tipo de interés extraordinariamente fuera de mercado, y la cara les sale cruz, ahoguen sus penas con un chupito de brandy y no salgan a la calle a pedir responsabilidades públicas ni ayudas a ningún papá adoptivo. Esta vez no cuela.

Madrid 2016

Probablemente me esté metiendo donde no me llaman. Probablemente mi opinión sobre este tema carezca de la información suficiente para que se la considere razonable. Probablemente alguien piense que me pasa lo mismo con el resto de cosas sobre las que opino sin tanto ceremonial previo. Excusatio non petita, accusatio manifesta. Probablemente sea todo verdad.

Yo no pretendo tener razón en lo que escribo. Entre otras cosas porque la razón no siempre tiene razón. También es cierto que el corazón rara vez es razonable. Yo sólo intento argumentar lo que digo, y no para ser consecuente o creíble, sino porque no sé ser de otra forma.

Por eso mismo no entiendo el sistema de designación de las sedes olímpicas. Quede claro que el tema en cuestión me provoca una mínima reflexión cada cuatro años y que, desafortunadamente, no formo parte de ningún comité evaluador de nada; seguramente porque no lo merezco; por eso, si quiero ir a cenar al Txistu, me lo pago yo de mi bolsillo, y no se lo dejo a deber a mis vecinos de ayuntamiento.

A lo que voy. Según parece, una norma no escrita del decálogo del movimiento olímpico hace decantar la designación de la ciudad organizadora respetando un criterio de alternancia entre continentes, de manera que se pueda disfrutar del mayor espectáculo deportivo del mundo por los cuatro costados de la tierra. Así ha sido hasta ahora. Me parece bien, incluso razonable. La conclusión más directa de esta máxima etérea es que prima el reparto del pastel ante las valías objetivas. Repito, me parece bien. Lo que no sé es por qué no nos retiramos las caretas y todos jugamos al mismo juego.

Confieso que no sé si Madrid era la aspirante más preparada para celebrar los Juegos Olímpicos de 2016. No tengo ni pajolera idea de los méritos de las ciudades candidatas. Lo que sí sé es que se nos ha dicho que más del 70% de nuestras infraestructuras ya estaban terminadas. Y no he escuchado a nadie rebatir tal argumento en pos de la candidatura de Río de Janeiro, finalmente designada.

Lo que sí parece claro es que la candidatura española se ha gastado 600 millones de euros sin saber cuánto y cómo ha de gastarse en el futuro para prepararse mejor, para ser mejor candidata en 2020, salvo esperar que la rotación de la luna olímpica no nos eclipse de nuevo.

A mi juicio las infraestructuras no virtuales, las carreteras ya transitables, la red de ferrocarril ya vertebrada, la financiación concedida, las plazas hoteleras ya habitables, todo esto, debería ser evaluado y medido previamente por los técnicos, y así otorgar una puntuación previa objetiva y no opinable con la que presentarse al examen de emociones final.

De esta forma se reduciría el peso del antojo, la manía y la arbitrariedad a favor de los criterios técnicos demostrables. A partir de ahí, un poco de emoción, un poco de llanto y un mucho de fiesta son muy deseables, aunque haya que aguantar al bueno de Bisbal en concierto.

En este modelo propuesto, los miembros del COI podrían seguir prometiendo su voto a todas las ciudades candidatas a la vez, podrían seguir dando el pésame a todas las no agraciadas, como si fueran otros los que no les votaron, e incluso estarían en su derecho a emocionarse con las lágrimas de Lula o con la longevidad de Samaranch.

Pero lo que no me parece presentable es que cien señores, por iluminados que sean, no deban dar explicación alguna, ni previa ni posterior, de sus decisiones, sea quien sea la candidatura elegida. Los valores que impregnan el deporte son los que promovió en el siglo XIX el Barón de Coubertin, y nos pertenecen a todos. No es un coto privado de cien señoritos que se mueven a base de caprichos ocultos.

Pequeño esfuerzo moderado

Aún a riesgo de que parezca que mi actividad profesional es la jardinería, voy a intentar cuantificar la palabrería con la que se nos ha explicado en los últimos tiempos, mejor dicho, con la que nos ha intentado explicar, el cómo y el cuánto de la reforma impositiva.

Vaya por delante que no me creo que sea tan ignorante como nos hace ver. Al menos no tanto como lo que la literalidad de sus explicaciones desprende. Me refiero al de la Zeja. Tampoco tengo claro si algún empresario le contrataría para su firma, pero sí tengo una descorazonada, que las perspectivas económicas de España son aterradoras. También tengo una certeza, que Zapatero nos está conduciendo directamente a la ruina, y lo malo es que no contamos con demasiadas armas para contrarrestarle.

Y vaya por detrás que no pienso citar que una vez más se han roto todos los cimientos que inspiran nuestro ordenamiento fiscal, aquellos que cuando yo estudiaba versaban sobre los inmaculados principios de la capacidad contributiva, la igualdad, la progresividad y la no confiscatoriedad. En realidad los principios le importan a poca gente. Ni siquiera a los payos. Y sin principios se suele acabar mal.

Ahora al tajo de jardinero. Por no cansarles: la supresión de la deducción de los 400 euros del IRPF, el aumento del IVA y la subida en la fiscalidad del ahorro, les va a costar -de media- a cada uno de los 17 millones de hogares españoles más de 700 euros al año. Lo malo es que las medias son tremendamente injustas. Aquel viejo chiste en el que uno se come un bocata y el amigo ninguno, y la media le dice al hambriento que se ha comido medio bocata, es muy ilustrativo.

Pero si usted es de los que le gusta conocer la realidad, por amarga que ésta sea, le daré una regla para que calcule de forma aproximada cual será el importe de su factura solidaria fiscal. Súmele a los 400 euros, si es de los que tenía el derecho a deducírselos, el resultado de aplicar un 1% a su nómina neta anual (que será el sobreIVA que le corresponda soportar). Si el resultado le parece poco, mucho o sencillamente no se lo cree, es debate para otros blogs.

Y que no le confundan. El IVA se ha subido 1 y 2 puntos porcentuales, lo que significa un incremento del 14,2% para el tipo normal (el de la vivienda, el transporte o la hostelería) y un 12,5% para el tipo general (el de la luz o el teléfono). Es lo mismo, pero se entiende mejor.

Y sólo una rebeldía conceptual más. El IVA, como cualquier impuesto indirecto, es regresivo, es decir, le cuesta más a quien menos gana; es decir otra vez, cuanto menor es la renta, mayor es el porcentaje de impuestos que se pagan. Y no vuelvo a decir ‘es decir’ por tercera vez porque me cansa, pero los ricos pobres y los pobres pobres lo entienden mejor que nadie.

¡Vaya! Con lo bien que llevaba yo este artículo. Y ahora resulta que ya nadie habla de subida de impuestos. Ahora se llama esfuerzo solidario. Insignificante y banal. No importa que nos dejen tuertos de un ojo y ciegos del otro. Lo importante es la retórica. Pero es que yo no pago los impuestos ni por solidaridad ni porque suenen a música celestial. Los pago por obligación.

Cerco al fumador

Aunque a nadie le interese, y sólo a modo de introducción, me definiré como ciudadano pagaimpuestos no fumador. Afinaré algo más. Me molesta sobremanera sufrir el humo por la tiranía del fumador. Y ya puestos, también me molesta el bullicio de los vecinos, los insistentes ladridos de los perros desatendidos por sus dueños, incluso los llantos desconsolados de los niños ante la pasividad de sus progenitores. Y algunas otras cosas que me dejo deliberadamente en el tintero, pues mis filias y fobias no son el tema de hoy.

Dicho esto, me parece infumable la histérica campaña emprendida por el Gobierno de España contra los fumadores. Y es que Sanidad quiere endurecer la ley para prohibir el tabaco en todos los locales públicos cerrados.

Lo que más me molesta es el buenismo, las bienintencionadas nobles razones que se esgrimen para argumentar el antitabaquismo. A ver, que yo me entere. ¿Es que acaso un Gobierno, por legítimo que sea, tiene no sólo el derecho, sino también la obligación de teledirigir los comportamientos privados de los individuos? Yo creía que con los impuestos ya sobraba…..

¿Acaso los fumadores no pueden disfrutar de ningún espacio en este mundo donde puedan fumar sin que les molesten quejas ni persecuciones? Hablo, naturalmente, de lugares donde su humo no moleste a otros. Lugares donde los no fumadores sepan que allí se permite fumar y, por lo tanto, haciendo uso de su libertad, pueden dirigir sus pasos hacia alguno de los innumerables rincones del mundo sin humo. Pero, ¿y al revés?

Además, se confunde a la gente cuando se habla de lugares públicos. Una cosa es que un local esté abierto al público y otra que su propiedad sea pública. Si la inversión es privada, creo legítimo que sea el agente privado quien decida si está permitido fumar o no en él, que para eso lo ha pagado.

A usted quizá le pase como a mí, que le molesta el humo, y en el fondo le parezca bien la medida porque en esta ocasión está ubicado en la orilla correcta. Pero ése no es el debate. Yo critico el afán coercitivo del poder. El insaciable apetito del poder que nunca sabes a qué puerta va a llamar. Quizá mañana sea la suya, si es usted obeso o piensa serlo en el futuro. O bebedor ocasional. O bebedor por convicción. O quizá sea perseguido porque sufra halitosis por dejadez -dicen que más del 50% de la población europea la padece-. O por convicción.

¿Y qué decir cuando la nobleza de las causas deriva hacia el coste económico que supone para la sanidad pública el tratamiento de los apestados fumadores? Verdad a medias. Los fumadores pagan más impuestos que nadie, en concreto soportan con su humo el 6% de los ingresos públicos a través de la carga indirecta incluida en el precio del tabaco. Y, además, mueren antes que los no fumadores, la cual cosa además de cierta, alivia bastante las arcas de la seguridad social en lo que a pensiones se refiere.

¿Y qué me dicen de los impuestos que pagan los hosteleros a costa de los fumadores? No hay que enterrar la nariz en ningún dato oficial para entender que gran parte del ocio fumador es nocturno, y el sector hostelero ya se ha puesto en pie de guerra contra la medida. Máxime cuando hace menos de dos años les obligaron a invertir en acondicionamiento de sus locales para habilitar zonas de humo que hoy se pretenden cargar de un plumazo.

Supongo que las familias cuyos puestos de trabajo se pierdan por el cierre de determinados establecimientos afectados por las humanitarias medidas antitabaco, entenderán que lo hacen en beneficio de su salud.

La medida es un atropello a la libertad individual, y no coincido con los que esgrimen como argumento la salud con mayúsculas, ni siquiera los que defienden su salud como fumadores pasivos. Nadie habla de compartir humos amistosamente, sino de no constreñir libertades y, afortunadamente, hoy no tienen por qué verse enfrentadas ambas si uno no quiere. Este debate no gira en torno a la salud. El debate es sobre la libertad, y, en mi opinión, cada uno debe vivir conforme a las coordenadas que mejor le parezcan y no a gusto de los demás.

Insoportable

Ya sé que empiezo a correr el riesgo de convertirme en el vivo ejemplo del imbécil que tanto abunda y que, cuando no tiene ninguna responsabilidad, sabe y opina de todo, pero que si me cayera encima, la responsabilidad, me haría de vientre y echaría balones fuera en busca de culpables inocentes. Pero es que me pueden las ganas. Las de opinar y las otras.

16.000 millones de euros en impuestos. 2,6 billones de las antiguas pesetas. Eso es lo que nos pide (nos exige) Zapatero. El 1,5% de nuestro bien sudado PIB. Habrá división de opiniones. Supongo.

Y eso que gracias al euro, y tras casi 8 años entre nosotros, casi nadie se quiere enterar de la verdadera magnitud de las cosas. Afortunadamente. Y entretanto nos acercamos a una tasa de paro del 20% y a un déficit público del 12%.

Subir impuestos en plena recesión es un error imperdonable. Un mazazo para todos que va a obstaculizar aún más la recuperación. No hay que haber leído mucho para saber que si se quiere que un incremento fiscal tenga el objetivo de balancear las cuentas públicas, se ha de ‘decretar’ en el momento en que la senda de la recuperación se haya conseguido de forma clara. Nunca antes.

El problema se agrava si el dinero que se nos pretende ya está comprometido en nuevos gastos. Más si la nueva medida sólo se aprobará maltratando los presupuestos de 2010, concediendo nuevamente lo inconcedible a los colegas independentistas. Duro calvario el que nos espera. Insoportable.

El discurso del Presidente está lleno de inmensos vacíos. Sus brindis al sol son continuas trampas mortales. No queremos más primicias, ni más conejos de su chistera. No queremos más retórica gansa. No queremos más burlonas medidas desde el burladero. Ya no queremos que siga metiendo la pata.

Y me molesta sobremanera el perverso juego de palabras con el que se nos intenta bombardear. A ver. Para medir lo que nos cuesta contribuir al sostenimiento del Estado, en relación al PIB, se suman tres fuentes de ingresos públicos; los impuestos directos (IRPF y Sociedades), los indirectos (IVA, tabaco, hidrocarburos,…) y las cotizaciones a la seguridad social. Así medida nuestra presión fiscal, asciende actualmente al 33%, un tercio para cada tipo.

Pero es que el anunciado espasmódico y atolondrado incremento de la presión fiscal de 1,5 puntos, todavía tiene las cartas boca abajo. Que si recobro los 400 euros del IRPF. Que ahora incremento el IVA. Ahora las rentas de capital. Ahora el impuesto del tabaco. Ahora voy a por los ricos ricos. Ahora sólo a por los ricos pobres…... La ocurrencia como fuente del derecho tributario que diría el jurista.

Pues yo quiero saber quién va a pagar la cuenta, porque si puedo, tengan por seguro que intentaré no hacerlo. Lo malo es que mi nómina viene recortada en su origen.

El PER

Este artículo puede que contenga algún juego de palabras, pero si alguien tiene el atrevimiento de leer de vez en cuando este blog, seguro que sabrá adivinar por dónde quiere discurrir mi reflexión de hoy.

Sólo puntualizar por adelantado que lo que conocemos familiarmente con las siglas PER (plan de empleo rural) cambió su nombre ya en 1996, y desde entonces se llama AEPSA (acuerdo económico para la protección social agraria). El mismo perro con distinto collar.

El PER es un subsidio agrario creado durante el mandato de Felipe González, y aplicado a la zonas rurales de Andalucía y Extremadura.

Los requisitos para tener derecho al cobro son, a grandes rasgos, ser jornalero o trabajador agrario sin tierras en propiedad, y justificar un número mínimo de 35 peonadas (me encanta esta palabra) trabajadas al año -pongamos que equivalgan a dos meses de trabajo de los urbanitas, sin entrar a valorar la penosidad de cada empleo-.

Cumplidos éstos el subsidio actual da derecho a cobrar 6 mensualidades, cuyo importe depende de la cuantía del salario mínimo interprofesional vigente en cada momento, 640 euros en 2009, y del número de peonadas realizadas; así, se cobra el 75% del interprofesional si se han trabajado el mínimo de 35 peonadas, y hasta el 100% si se han cotizado al menos 180 jornadas.

Actualmente son 158.458 personas –dato de junio de 2009- las beneficiarias del ‘paro agrario’, 137.092 de Andalucía y 21.456 de Extremadura. En total cada mes nos cuesta casi 70 millones de euros a las arcas de la Seguridad Social, el 2,6% del total de las prestaciones por desempleo.

Su existencia se justifica socialmente porque las faenas del campo sufren fuerte estacionalidad, concentrándose en determinados periodos y quedando largas temporadas en las que el campo no da ocupación alguna. También se arguyen razones de precariedad laboral rural de sobra conocidas, y razones históricas por no haber destinado fondos para acometer una profunda reconversión agraria del mismo calado que la del sector industrial –minería, siderurgia y metalurgia- .

No voy a caer en la tentación de comentar que con menos de 500 euros al mes es muy difícil vivir y cubrir dignamente las necesidades más esenciales, y menos aún si el perceptor tiene familia a cargo. Ése es un debate que comprende las dificultades de la propia existencia y de la jungla que guía el bonito reto que supone vivir.

Tampoco voy a hablar del innegable fraude en el cobro del subsidio. Entiendo la sabiduría aldeana -de jornaleros y empresarios- empleada para que luzcan tramposamente como trabajadas las 35 peonadas exigidas. También entiendo la connivencia de los alcaldes sensibles a esta delicada realidad, convertidos en grandes empleadores todopoderosos.

Mucho menos me voy a hacer eco de que no puedan acogerse a esta prestación los trabajadores de las mismas características que las señaladas, que vivan en municipios de Comunidades no Andaluzas o Extremeñas. Léase Murcia o Castilla la Mancha, por citar ejemplos fáciles de enfrentar.

Tampoco quiero mencionar que, en la práctica, el subsidio agrario funciona como un programa de lucha contra la pobreza, en lugar de como un programa de cobertura por desempleo, que es, a mi juicio, lo que debería ser.

Mucha gente, desconocedora de la realidad rural agraria, como yo mismo, seguro que ha osado tachar en ocasones a los jornaleros que sobreviven con el subsidio como vagos, además de acusar al partido socialista de abonar su campo electoral año tras año.

Pero antes de ponerme a criticar un sistema de subsidios permanente como el PER, en el que la racionalidad del gasto es irracional –y no por su cuantía-, en el que después de 30 años seguimos sin querer atacar el problema real del sector agrario andaluz y extremeño y que, en consecuencia, mantiene a los trabajadores agrarios apoltronados y pasando las horas muertas jugando al dominó, sin incentivos serios de reciclaje hacia sectores con mayor demanda de empleo, prefiero aguantarme las ganas y dejar velando las pinturas de guerra a la espera que algún otro tema me inspire algo más que éste.

Medida ‘limitada y temporal’

Aún a riesgo acumular -como trofeos- maldiciones ajenas, vuelvo a la carga con la dulce revisión impositiva que nos ha prometido zetapé en el arranque del nuevo curso político.

Digo dulce porque la 'desmedida' se lanza al ruedo con la vitola de ser limitada y temporal. En cristiano, la sufrirán los de siempre y sólo hasta que amaine el temporal. Será por aquello de que la felicidad eterna dura muy poco.

Lo que suena a broma pesada es intentar amedrentarnos durante semanas con subidas de impuestos sin precisar qué factores de la economía –el capital, el consumo, el trabajo- se verán finalmente afectados, ni cómo se hará el reparto de las nuevas cargas entre los ciudadanos. Se parece bastante al boxeo de salón, el que marca el golpe sin atizar.

No deja de ser curioso que los mismos que ahora hablan de subir impuestos a los ricos, eliminaran anteayer el gravamen sobre el patrimonio, o que pusieran en marcha en plena campaña electoral la devolución lineal del cheque de los 400 euros -entonces medida con vocación de permanencia que dos años después se piensa suprimir-.

Es cierto que no es el único Gobierno que hace del manejo de los impuestos una herramienta de marketing electoral. Falta seriedad y rigor en las modificaciones impositivas que, además de atender a los efectos sobre la renta de los sujetos pasivos, habrían de contemplar las eventuales distorsiones sobre el crecimiento.

Pero antes de entrar a los medios, que ya habrá tiempo, revisemos los fines. Si lo que queremos es equilibrar las cuentas públicas para seguir gastando como hasta ahora, nada nuevo que decir, salvo las maldiciones de siempre. La exigencia de nuevos sacrificios a una sociedad debería ir acompañada de una revisión por parte del Gobierno de la eficacia y la rentabilidad económica de su política de inversiones.

Si además empaquetamos la medida como una necesidad que se apellida solidaria, nada nuevo que decir, salvo las maldiciones de siempre. Hay quienes pensamos que los logros sociales se consiguen más eficientemente a través de la suma de las iniciativas y esfuerzos privados. Al fin y al cabo, lo que la gente quiere es trabajar y no un subsidio, ¿no?

Por donde no paso es porque se presente el aumento fiscal como una medida para combatir la recesión. Por ahí no quepo. Nuestro jefe de Gobierno explicó la medida basándose en una peculiar filosofía: ‘cuando las cosas van bien, hay que bajar los impuestos para estimular la actividad, y cuando las cosas van mal, el Ejecutivo tiene que aumentar la recaudación con una mayor presión fiscal’. Quizá el disparate atraiga a otros.

Y ni siquiera tenemos ya al profesor Jordi Sevilla como diputado raso del Congreso -tras su flamantísimo pase al sector privado- para que le refrescara en otra tarde las lecciones de economía que impartió hace años a su entonces bisoño Presidente. Ahora parece que Zapatero es quien se inventa las faltas de ortografía de la economía.

Sin ánimo de echar algún consuelo al vertedero y sin ninguna pretensión, pero con todas, me permito señalar que más impuestos significan menos renta disponible privada, menos capacidad de endeudamiento, menos consumo, menos ahorro, menos iniciativa emprendedora, menos competitividad y, mirando al purgatorio y al limbo, menos libertad, que ajustará a la baja las expectativas y el bolsillo de los ciudadanos. En definitiva, más paro, más subsidios por desempleo y más recesión. Es la cuenta de la vieja que en economía llamamos ‘estabilizadores automáticos’. Ése y no otro es el cuadro clínico económico.

Ahora queda por ver cómo se reparte finalmente el esfuerzo fiscal, aunque ya sabemos que el socialismo dicta normas que apuntan hacia dentro de nuestros bolsillos y, a buen seguro, nos echarán un cable al cuello. Será en el debate sobre los presupuestos del Estado para el 2010.