Cerco al fumador

Aunque a nadie le interese, y sólo a modo de introducción, me definiré como ciudadano pagaimpuestos no fumador. Afinaré algo más. Me molesta sobremanera sufrir el humo por la tiranía del fumador. Y ya puestos, también me molesta el bullicio de los vecinos, los insistentes ladridos de los perros desatendidos por sus dueños, incluso los llantos desconsolados de los niños ante la pasividad de sus progenitores. Y algunas otras cosas que me dejo deliberadamente en el tintero, pues mis filias y fobias no son el tema de hoy.

Dicho esto, me parece infumable la histérica campaña emprendida por el Gobierno de España contra los fumadores. Y es que Sanidad quiere endurecer la ley para prohibir el tabaco en todos los locales públicos cerrados.

Lo que más me molesta es el buenismo, las bienintencionadas nobles razones que se esgrimen para argumentar el antitabaquismo. A ver, que yo me entere. ¿Es que acaso un Gobierno, por legítimo que sea, tiene no sólo el derecho, sino también la obligación de teledirigir los comportamientos privados de los individuos? Yo creía que con los impuestos ya sobraba…..

¿Acaso los fumadores no pueden disfrutar de ningún espacio en este mundo donde puedan fumar sin que les molesten quejas ni persecuciones? Hablo, naturalmente, de lugares donde su humo no moleste a otros. Lugares donde los no fumadores sepan que allí se permite fumar y, por lo tanto, haciendo uso de su libertad, pueden dirigir sus pasos hacia alguno de los innumerables rincones del mundo sin humo. Pero, ¿y al revés?

Además, se confunde a la gente cuando se habla de lugares públicos. Una cosa es que un local esté abierto al público y otra que su propiedad sea pública. Si la inversión es privada, creo legítimo que sea el agente privado quien decida si está permitido fumar o no en él, que para eso lo ha pagado.

A usted quizá le pase como a mí, que le molesta el humo, y en el fondo le parezca bien la medida porque en esta ocasión está ubicado en la orilla correcta. Pero ése no es el debate. Yo critico el afán coercitivo del poder. El insaciable apetito del poder que nunca sabes a qué puerta va a llamar. Quizá mañana sea la suya, si es usted obeso o piensa serlo en el futuro. O bebedor ocasional. O bebedor por convicción. O quizá sea perseguido porque sufra halitosis por dejadez -dicen que más del 50% de la población europea la padece-. O por convicción.

¿Y qué decir cuando la nobleza de las causas deriva hacia el coste económico que supone para la sanidad pública el tratamiento de los apestados fumadores? Verdad a medias. Los fumadores pagan más impuestos que nadie, en concreto soportan con su humo el 6% de los ingresos públicos a través de la carga indirecta incluida en el precio del tabaco. Y, además, mueren antes que los no fumadores, la cual cosa además de cierta, alivia bastante las arcas de la seguridad social en lo que a pensiones se refiere.

¿Y qué me dicen de los impuestos que pagan los hosteleros a costa de los fumadores? No hay que enterrar la nariz en ningún dato oficial para entender que gran parte del ocio fumador es nocturno, y el sector hostelero ya se ha puesto en pie de guerra contra la medida. Máxime cuando hace menos de dos años les obligaron a invertir en acondicionamiento de sus locales para habilitar zonas de humo que hoy se pretenden cargar de un plumazo.

Supongo que las familias cuyos puestos de trabajo se pierdan por el cierre de determinados establecimientos afectados por las humanitarias medidas antitabaco, entenderán que lo hacen en beneficio de su salud.

La medida es un atropello a la libertad individual, y no coincido con los que esgrimen como argumento la salud con mayúsculas, ni siquiera los que defienden su salud como fumadores pasivos. Nadie habla de compartir humos amistosamente, sino de no constreñir libertades y, afortunadamente, hoy no tienen por qué verse enfrentadas ambas si uno no quiere. Este debate no gira en torno a la salud. El debate es sobre la libertad, y, en mi opinión, cada uno debe vivir conforme a las coordenadas que mejor le parezcan y no a gusto de los demás.

Insoportable

Ya sé que empiezo a correr el riesgo de convertirme en el vivo ejemplo del imbécil que tanto abunda y que, cuando no tiene ninguna responsabilidad, sabe y opina de todo, pero que si me cayera encima, la responsabilidad, me haría de vientre y echaría balones fuera en busca de culpables inocentes. Pero es que me pueden las ganas. Las de opinar y las otras.

16.000 millones de euros en impuestos. 2,6 billones de las antiguas pesetas. Eso es lo que nos pide (nos exige) Zapatero. El 1,5% de nuestro bien sudado PIB. Habrá división de opiniones. Supongo.

Y eso que gracias al euro, y tras casi 8 años entre nosotros, casi nadie se quiere enterar de la verdadera magnitud de las cosas. Afortunadamente. Y entretanto nos acercamos a una tasa de paro del 20% y a un déficit público del 12%.

Subir impuestos en plena recesión es un error imperdonable. Un mazazo para todos que va a obstaculizar aún más la recuperación. No hay que haber leído mucho para saber que si se quiere que un incremento fiscal tenga el objetivo de balancear las cuentas públicas, se ha de ‘decretar’ en el momento en que la senda de la recuperación se haya conseguido de forma clara. Nunca antes.

El problema se agrava si el dinero que se nos pretende ya está comprometido en nuevos gastos. Más si la nueva medida sólo se aprobará maltratando los presupuestos de 2010, concediendo nuevamente lo inconcedible a los colegas independentistas. Duro calvario el que nos espera. Insoportable.

El discurso del Presidente está lleno de inmensos vacíos. Sus brindis al sol son continuas trampas mortales. No queremos más primicias, ni más conejos de su chistera. No queremos más retórica gansa. No queremos más burlonas medidas desde el burladero. Ya no queremos que siga metiendo la pata.

Y me molesta sobremanera el perverso juego de palabras con el que se nos intenta bombardear. A ver. Para medir lo que nos cuesta contribuir al sostenimiento del Estado, en relación al PIB, se suman tres fuentes de ingresos públicos; los impuestos directos (IRPF y Sociedades), los indirectos (IVA, tabaco, hidrocarburos,…) y las cotizaciones a la seguridad social. Así medida nuestra presión fiscal, asciende actualmente al 33%, un tercio para cada tipo.

Pero es que el anunciado espasmódico y atolondrado incremento de la presión fiscal de 1,5 puntos, todavía tiene las cartas boca abajo. Que si recobro los 400 euros del IRPF. Que ahora incremento el IVA. Ahora las rentas de capital. Ahora el impuesto del tabaco. Ahora voy a por los ricos ricos. Ahora sólo a por los ricos pobres…... La ocurrencia como fuente del derecho tributario que diría el jurista.

Pues yo quiero saber quién va a pagar la cuenta, porque si puedo, tengan por seguro que intentaré no hacerlo. Lo malo es que mi nómina viene recortada en su origen.

El PER

Este artículo puede que contenga algún juego de palabras, pero si alguien tiene el atrevimiento de leer de vez en cuando este blog, seguro que sabrá adivinar por dónde quiere discurrir mi reflexión de hoy.

Sólo puntualizar por adelantado que lo que conocemos familiarmente con las siglas PER (plan de empleo rural) cambió su nombre ya en 1996, y desde entonces se llama AEPSA (acuerdo económico para la protección social agraria). El mismo perro con distinto collar.

El PER es un subsidio agrario creado durante el mandato de Felipe González, y aplicado a la zonas rurales de Andalucía y Extremadura.

Los requisitos para tener derecho al cobro son, a grandes rasgos, ser jornalero o trabajador agrario sin tierras en propiedad, y justificar un número mínimo de 35 peonadas (me encanta esta palabra) trabajadas al año -pongamos que equivalgan a dos meses de trabajo de los urbanitas, sin entrar a valorar la penosidad de cada empleo-.

Cumplidos éstos el subsidio actual da derecho a cobrar 6 mensualidades, cuyo importe depende de la cuantía del salario mínimo interprofesional vigente en cada momento, 640 euros en 2009, y del número de peonadas realizadas; así, se cobra el 75% del interprofesional si se han trabajado el mínimo de 35 peonadas, y hasta el 100% si se han cotizado al menos 180 jornadas.

Actualmente son 158.458 personas –dato de junio de 2009- las beneficiarias del ‘paro agrario’, 137.092 de Andalucía y 21.456 de Extremadura. En total cada mes nos cuesta casi 70 millones de euros a las arcas de la Seguridad Social, el 2,6% del total de las prestaciones por desempleo.

Su existencia se justifica socialmente porque las faenas del campo sufren fuerte estacionalidad, concentrándose en determinados periodos y quedando largas temporadas en las que el campo no da ocupación alguna. También se arguyen razones de precariedad laboral rural de sobra conocidas, y razones históricas por no haber destinado fondos para acometer una profunda reconversión agraria del mismo calado que la del sector industrial –minería, siderurgia y metalurgia- .

No voy a caer en la tentación de comentar que con menos de 500 euros al mes es muy difícil vivir y cubrir dignamente las necesidades más esenciales, y menos aún si el perceptor tiene familia a cargo. Ése es un debate que comprende las dificultades de la propia existencia y de la jungla que guía el bonito reto que supone vivir.

Tampoco voy a hablar del innegable fraude en el cobro del subsidio. Entiendo la sabiduría aldeana -de jornaleros y empresarios- empleada para que luzcan tramposamente como trabajadas las 35 peonadas exigidas. También entiendo la connivencia de los alcaldes sensibles a esta delicada realidad, convertidos en grandes empleadores todopoderosos.

Mucho menos me voy a hacer eco de que no puedan acogerse a esta prestación los trabajadores de las mismas características que las señaladas, que vivan en municipios de Comunidades no Andaluzas o Extremeñas. Léase Murcia o Castilla la Mancha, por citar ejemplos fáciles de enfrentar.

Tampoco quiero mencionar que, en la práctica, el subsidio agrario funciona como un programa de lucha contra la pobreza, en lugar de como un programa de cobertura por desempleo, que es, a mi juicio, lo que debería ser.

Mucha gente, desconocedora de la realidad rural agraria, como yo mismo, seguro que ha osado tachar en ocasones a los jornaleros que sobreviven con el subsidio como vagos, además de acusar al partido socialista de abonar su campo electoral año tras año.

Pero antes de ponerme a criticar un sistema de subsidios permanente como el PER, en el que la racionalidad del gasto es irracional –y no por su cuantía-, en el que después de 30 años seguimos sin querer atacar el problema real del sector agrario andaluz y extremeño y que, en consecuencia, mantiene a los trabajadores agrarios apoltronados y pasando las horas muertas jugando al dominó, sin incentivos serios de reciclaje hacia sectores con mayor demanda de empleo, prefiero aguantarme las ganas y dejar velando las pinturas de guerra a la espera que algún otro tema me inspire algo más que éste.

Medida ‘limitada y temporal’

Aún a riesgo acumular -como trofeos- maldiciones ajenas, vuelvo a la carga con la dulce revisión impositiva que nos ha prometido zetapé en el arranque del nuevo curso político.

Digo dulce porque la 'desmedida' se lanza al ruedo con la vitola de ser limitada y temporal. En cristiano, la sufrirán los de siempre y sólo hasta que amaine el temporal. Será por aquello de que la felicidad eterna dura muy poco.

Lo que suena a broma pesada es intentar amedrentarnos durante semanas con subidas de impuestos sin precisar qué factores de la economía –el capital, el consumo, el trabajo- se verán finalmente afectados, ni cómo se hará el reparto de las nuevas cargas entre los ciudadanos. Se parece bastante al boxeo de salón, el que marca el golpe sin atizar.

No deja de ser curioso que los mismos que ahora hablan de subir impuestos a los ricos, eliminaran anteayer el gravamen sobre el patrimonio, o que pusieran en marcha en plena campaña electoral la devolución lineal del cheque de los 400 euros -entonces medida con vocación de permanencia que dos años después se piensa suprimir-.

Es cierto que no es el único Gobierno que hace del manejo de los impuestos una herramienta de marketing electoral. Falta seriedad y rigor en las modificaciones impositivas que, además de atender a los efectos sobre la renta de los sujetos pasivos, habrían de contemplar las eventuales distorsiones sobre el crecimiento.

Pero antes de entrar a los medios, que ya habrá tiempo, revisemos los fines. Si lo que queremos es equilibrar las cuentas públicas para seguir gastando como hasta ahora, nada nuevo que decir, salvo las maldiciones de siempre. La exigencia de nuevos sacrificios a una sociedad debería ir acompañada de una revisión por parte del Gobierno de la eficacia y la rentabilidad económica de su política de inversiones.

Si además empaquetamos la medida como una necesidad que se apellida solidaria, nada nuevo que decir, salvo las maldiciones de siempre. Hay quienes pensamos que los logros sociales se consiguen más eficientemente a través de la suma de las iniciativas y esfuerzos privados. Al fin y al cabo, lo que la gente quiere es trabajar y no un subsidio, ¿no?

Por donde no paso es porque se presente el aumento fiscal como una medida para combatir la recesión. Por ahí no quepo. Nuestro jefe de Gobierno explicó la medida basándose en una peculiar filosofía: ‘cuando las cosas van bien, hay que bajar los impuestos para estimular la actividad, y cuando las cosas van mal, el Ejecutivo tiene que aumentar la recaudación con una mayor presión fiscal’. Quizá el disparate atraiga a otros.

Y ni siquiera tenemos ya al profesor Jordi Sevilla como diputado raso del Congreso -tras su flamantísimo pase al sector privado- para que le refrescara en otra tarde las lecciones de economía que impartió hace años a su entonces bisoño Presidente. Ahora parece que Zapatero es quien se inventa las faltas de ortografía de la economía.

Sin ánimo de echar algún consuelo al vertedero y sin ninguna pretensión, pero con todas, me permito señalar que más impuestos significan menos renta disponible privada, menos capacidad de endeudamiento, menos consumo, menos ahorro, menos iniciativa emprendedora, menos competitividad y, mirando al purgatorio y al limbo, menos libertad, que ajustará a la baja las expectativas y el bolsillo de los ciudadanos. En definitiva, más paro, más subsidios por desempleo y más recesión. Es la cuenta de la vieja que en economía llamamos ‘estabilizadores automáticos’. Ése y no otro es el cuadro clínico económico.

Ahora queda por ver cómo se reparte finalmente el esfuerzo fiscal, aunque ya sabemos que el socialismo dicta normas que apuntan hacia dentro de nuestros bolsillos y, a buen seguro, nos echarán un cable al cuello. Será en el debate sobre los presupuestos del Estado para el 2010.

Cuestión de tamaño

El tamaño, también en este caso, sí importa, tal y como nos dice la señora experiencia y la señorita prudencia. Otra cosa distinta esa a quién le importa o a quién le debería importar. Ahí no me meto.

Me refiero, lógicamente, al tamaño del Estado. Al tamaño deseable, y no en términos eróticos amatorios, sino a cual debería ser la suma idónea de recursos monetarios a detraer del fondo de los bolsillos de los ciudadanos para ser gestionados públicamente por las cabezas de los políticos.

Puesto así el dilema sobre la mesa seguro que la mayoría desconfía del buen fin de su dinero, del porqué del esfuerzo entregado. Pero algo pasa, algo no funciona cuando en las conversaciones distendidas de verano el corrillo empieza estando de acuerdo, y al final siempre acaba apareciendo el socialista que llevamos dentro, el que reclama ayudas, el que reclama dineros a voz en grito; dineros que se considera ‘nos deben’ porque antes lo entregamos a la causa.

Y digo yo: Si se recibe porque antes se entregó, ¿para qué se entregó? Si no se recibe lo que antes se entregó, ¿para qué o quién se entregó? Si se recibe lo que antes no se entregó ¿quién es el pardillo que lo entregó?

Es verdad que los hay que creen que no es el tamaño del Estado lo que importa, sino la calidad de sus acciones. Medirlo es difícil, pero no imposible. Si no, miren algunos datos publicados sobre las economías y la participación del gasto público sobre su PIB. Llegaremos a conclusiones más que evidentes.

El denominado trasvase social de ricos a pobres ya sólo se lo creen en el mundo los españoles. Al menos los once millones de españoles que votan estoicamente en talante socialista. Quizá lo que pasa es que nuestra democracia está aún por hacer; o por deshacer, pero demos tiempo a que el Tribunal Constitucional vuelva de vacaciones y dicte sentencia sobre elestatut -el fallo más trascendental de los últimos años- y quizá nos hayan servido en bandeja la estocada definitiva a lo que hoy llamamos España.

El problema, a mi juicio, es que aún no entendemos que cuanto más Estado, cuanto más despilfarro agarrado al ancla social, más y más alegremente se dilapida lo nuestro. Y sin permiso ni venia. Y no digo que se malgaste nuestro esfuerzo -corren malos tiempos cuando hay que demostrar lo evidente-; lo que digo es que nos chulean. Pero nos debe gustar.

La guinda la ha puesto estos días Pepe Blanco arrogándose competencias de think tank nacional. Como las cuentas no salen a los manirrotos socialistas, y una vez exprimida la máquina del endeudamiento, sólo quedan dos opciones: o reducir gastos -como haría cualquier agente sensato- o aumentar impuestos.

Pepiño prefiere lo insensato, prefiere un Blanco fácil, prefiere que sufraguemos la chapuza y el derroche con nuestro dinero, pero la maniobra la ha disfrazado de medida de solidaridad, que siempre vende. Tendría más sentido, digo yo, aumentar el número de contribuyentes mediante la creación de empleo, pero para eso hay que hacer cosas. Y hacerlas bien. Hace unos meses también se ofreció al pueblo la subida del impuesto del tabaco y de la gasolina como ‘buena’ para la salud de los ciudadanos y para el ahorro de energía........en fin.

En esta ocasión le ha dado por advertir que les quitará a los ricos para dárselo en obras sociales a los pobres. Y claro, la risa se ha desbordado por los pasillos del Ministerio de Hacienda, ése que Él no regenta y que una tal Salgado tiene desatendido. Es verdad que a las 24 horas se tomó la píldora del día después y se desdijo, pero el globo sonda sin rigor ya había sido lanzado.

Los ricos, querido ilustrísimo Ministro de Fomento sin carrera, no pagan impuestos; al menos no los impuestos que usted quiere que paguen. A los ricos a los que quiere hacerles apretar el cinturón para engordar el Estado del malestar, a los que usted sondea indignamente, no les pescas con estúpidas palabras. Su dinero reposa en apuntes bancarios allende nuestras fronteras, en confortables sociedades anónimas amparadas por férreos secretos bancarios, y a poco que les asustes se esfumarán aún más lejos.

Los ‘ricos’ a los que se refiere Pepiño son los trabajadores asalariados con nómina, con space wagon, dos hijos, mes de vacaciones, atasco matinal y vespertino diario, de los del paquete de ducados en la playa de Benidorm, los que migran de orange a movistar para ahorrar un mísero céntimo por minuto en su tarifa y los que conocen de pegada tres decimales del euribor.

Y una cosa es que se nos tilde cariñosamente de ricos, y otra muy distinta que nos tomen por tontos.

El malestar común

¿Sabe usted cuántos benévolos e indulgentes contribuyentes estamos obligados a sostener, con el pan de nuestro esfuerzo y a través de nuestra aportación al IRPF, este invento denominado Estado del Bienestar? Vaya por delante que a mi lo que me provoca es un estado de malestar, hablando educadamente. Pues miren, los que se retratan, según fuentes oficiales, son algo más de 18,7 millones de españoles.

¿Y sabe usted cuánto dinero aportamos al año entre todos? Son cifras de 2007, pero nos vale para hacernos una idea: algo más de 65.000 millones de euros.

Para intentar analizar estos datos juguemos a algo serio, pero en plan de broma. Para ello requiero su ayuda. Necesito hacer varios grupos.

Aquéllos que ganen menos de 21.000 euros al año no participan; son unos 12,5 millones de españoles; los consideraremos menores de edad para este juego y, en compensación, quedan exentos de seguir leyendo este artículo y les permitiremos que no hagan declaración de la renta. En su lugar que vengan a Madrid a entretenerse con las presentaciones de los nuevos galácticos del Real Madrid y, aunque les cueste sudores llegar a fin de mes, que aprovechen el viaje para comprar un par de camisetas de sus nuevos ídolos, de las de a 80 euros la tirada.

Aquéllos que ganen entre 21.000 y 60.000 euros al año, que según las cuentas y los cuentos de Hacienda deben ser unos 5,4 millones, que pongan cara de tontos; ya saben, de tontos de clase media. Entre todos aportan casi la mitad de lo recaudado, unos 31.000 millones.

Y aquéllos que ganen más de 60.000 euros, unas 747.000 personas, que pongan cara de muy tontos. Y seguro que lo serán, con perdón, porque mandahuevos que ganando esos sueldos nadie les asesore para no pagar casi el 40% del total recaudado por IRPF.

El resto del botín, con minúscula, un 10%, lo aportan los menores. ¿los menores también, hijos míos? Sí, los menores también, pero sin que se enteren, que ya tendrán tiempo de enterarse, si quieren y pueden. Se les dice que 'no necesitan’ hacer la declaración, nos quedamos con sus retenciones y santas pascuas.

La segunda parte del juego ya la conocen. El Estado se disfraza de padre protector, de defensor del pobre, de mano visible que corrige las imperfecciones del mercado, y se gasta su pasta como le viene en gana, y además nos intenta engañar. Y si gasta más de lo que le damos, pues nos sube los impuestos a los tontos y a callar.

Ya lo he comentado alguna vez, pero alguien debería decirles que eso que se reparten tan alegremente nuestros políticos -con el desdén de quien posee algo propio y en abundancia- es el producto de mi trabajo, de su trabajo amigo lector, del que hemos sido privados conforme a mecanismos coercitivos irresistibles. Lo diré de nuevo. Cada euro del que disponen nuestros gobernantes, es un euro que ha sido detraído del esfuerzo de los españoles. Nos pertenece a nosotros y nuestras familias. En consecuencia, deberíamos exigir el mayor de los respetos; deberíamos exigir que cada vez que se hable de cuestiones fiscales, se haga desde el más absoluto temor celestial y, por supuesto, que cada vez que haya de cercenarse nuestra libertad, se haga con motivos más que justificados.

Opinión, criterio y gobierno.

Para la Real Academia Española de la Lengua una opinión es un dictamen o un juicio que se forma de algo cuestionable.

Opinar podemos intentarlo todos, que para eso es gratis y la RAE no hace distinción para su ejercicio en atención a la raza, sexo o la religión del atrevido opinador. Pero estaremos razonablemente de acuerdo en que una cosa es tener opinión, y otra muy distinta tener criterio sobre determinado asunto.

Por ejemplo, sobre la célebre reforma del mercado de trabajo español hay opiniones que merece la pena escuchar; una ronda estos días el espacio económico común; es la del presidente del Banco Central Europeo, señor Trichet, que reclama para España una reforma laboral en serio y sin más dilación.

La opinión de Trichet es cualificada, es externa e independiente, y no arriesga su puesto de trabajo al expresarse. En razón de su cargo se presume que es una persona bien informada, que conoce en profundidad la dispar regulación sobre la materia en el seno de la Unión Europea, y que es consciente de las negativas repercusiones por las que caminará España si nos obcecamos en continuar con nuestro actual sistema de contratación, negociación y excesiva protección laboral.

La opinión de Trichet no es la única en este sentido; antes se pronunciaron en parecidos términos el Gobernador del Banco de España, el FMI, la OCDE, el comisario Joaquín Almunia…… el problema está ya suficientemente diagnosticado.

Hoy mismo el Presidente del Gobierno, acorralado entre tanta opinión de expertos y la espada de los sindicatos, como una pelota contra la pared ha manifestado que una cosa es opinar y otra gobernar. Bienvenidos a la arena política; no siempre lo necesario es compatible con la tarea de gobierno, entendida esta última como el fin último a perpetuar.

Parece ser que el 31 de julio es la fecha tope en la que el Gobierno, Patronal y Sindicatos esperan llegar a un acuerdo, tras más de un año de diálogo estéril, para tratar de introducir mejoras en el funcionamiento del mercado laboral. Desgraciadamente ya se sabe que ninguna de las necesarias transformaciones que necesitamos se van a acometer.

La fórmula perfecta para convertir un problema en una catástrofe es ignorarlo; el único alivio es que las pompas fúnebres son las únicas que están sorteando la crisis de empleo que nos azota; esperemos que llegado el día lo sigan haciendo; hasta el momento seguiremos opinando al tuntún y enarcando las cejas esperando pacientemente que las cosas empeoren.

Por cierto, esta noche de San Juan es la noche más larga del año para algunos; aunque para otros técnicos es la más corta. Cuestión de opiniones, ¿no?